miércoles, 18 de febrero de 2015

MANOLO ESCOBAR ANTES DE QUE LE ROBARAN EL CARRO (EL PP NO HABÍA LLEGADO AL PODER)

IU: 45 MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, "CÁNCER DE LA DEMOCRACIA"


9/10

IX.- Medidas contra el transfuguismo

40.- Conversión en Ley del “Pacto contra el Transfuguismo”, reforzándolo para que las fuerzas políticas se obliguen a

  1. tomar medidas drásticas y automáticas de sanción contra los cargos electos infractores, como la suspensión cautelar de militancia, la exigencia de dimisión del cargo público, la expulsión y la disolución de organizaciones locales del partido;
  2. no conformar gobiernos locales o autonómicos con aquellos que hubiesen desertado alguna de las formaciones políticas firmantes o se encontraran imputados o procesados en firme por los tribunales de Justicia, por delios relacionados con la corrupción política o urbanística.
  3. Impedir que los tránsfugas puedan formar Grupo propio o cobrar más de lo que percibían antes de abandonar su Grupo.
41.- Establecimiento por Ley de la obligación de los diputados tránsfugas de devolver su escaño a la candidatura en cuya representación fueron elegidos.


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MARIANO RAJOY Y GOBIERNO DEL PP EN COMÁNDITA: ¿POR QUÉ NO SE DAN CONOCER LOS CORREOS QUE RECLAMABA EL JUEZ SILVA PARA HACERLE PROPAGANDA DE LA BUENA A LA ESCUELA PRIVADA DE MANDOS GUAY QUE ACABA DE ABRIR AZNAR A RAZÓN DE 18.000 TACOS POR CURSO?


JUSTICIA Exige acceder a los correos electrónicos del ex presidente de Caja Madrid
El juez Silva vincula a Blesa con Aznar, Agag y el tráfico de armas
·         También ha relacionado al ex presidente de Caja Madrid con la trama Gürtel


(El juez Elpidio Silva en un encuentro. ANTONIO HEREDIA)
EFEMadrid
EL MUNDO.ES
15/11/2013 

El juez Elpidio José Silva ha relacionado a Miguel Blesa con el pago de varias facturas a la trama Gürtel mientras estuvo al frente de Caja Madrid para defenderse de los delitos de los que le acusa la Fiscalía, entre ellos el de prevaricación.
Además, Silva también ha tratado de relacionar al ex banquero conoperaciones de tráfico de armas relativas al expresidente del Gobierno José María Aznar y su yerno, Alejandro Agag, y cuyo centro era el propio Blesa, han informado fuentes jurídicas.
Alejandro Agag, en contacto con EL MUNDO, aseguró: "Eso sólo existe en la imaginación del juez", y añadió que estudia adoptar acciones legales contra Elpidio Silva.
Y lo ha hecho en un escrito dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el que magistrado recurre la decisión del instructor de la querella que interpuso contra él la Fiscalía por su actuación durante la investigación del "caso Blesa" de prohibirle el acceso a más de 8.000 correos electrónicos del ex banquero porque afectaban a su intimidad.
Según el juez, estos correos son esenciales para su defensa, ya que reflejan todas las presuntas irregularidades cometidas por Blesa mientras presidió la entidad y que le llevaron a ordenar su encarcelamiento en dos ocasiones.
Así, Silva considera que ponen de manifiesto la ruptura de los procedimientos de control al hablar de "trampitas" y la estrategia de los imputados en el caso, entre los que figuraban el ex director financiero de Caja Madrid Ildefonso Sánchez Barcoj y el de negocio Matías Amat, para llevar a cabo operaciones irregulares, o que concedía créditos sabiendo que no iban a ser devueltos.
También evidencian, dice Silva, la adquisición de negocios por elevadas cuantías y un comportamiento irreflexivo a la hora de valorar el riesgo de ciertas operaciones, como fue la compra del City National Bank de Florida, sobre la que algunos correos hacen referencia a su precipitación y deslealtad en su gestión bancaria.
Pero además, en algunos de los correos se alude, insiste Silva, a actividades relacionadas con el tráfico de influencias y extorsiones que aceptó Blesa y a la búsqueda de apoyos políticos para realizar sus actividades.
Así, relata que algunos documentos hacen referencia al abono de facturas por parte de Caja Madrid a la "trama Gürtel" liderada por Francisco Correa. Otros extenderían las responsabilidades de la mala gestión de Caja Madrid a actuales directivos de Bankia.
El juez obtuvo acceso a estos correos mientras instruía el "caso Blesa", pero el TSJM prohibió el acceso de los mismos a su defensa el pasado mes de octubre por considerar que afectaban a la "estricta intimidad" del exbanquero y que no aportaban por ello nada a la investigación a Silva por prevaricación y contra la libertad individual, entre otros.
Sin embargo, Silva defiende que fue él quien más hizo por garantizar la intimidad de Blesa al no haber transcrito estos correos en sus distintas resoluciones, evitando así que se conociera información delicada.
Por otra parte, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, que actualmente cumple la suspensión de cuatro meses que le impuso el Consejo del Poder Judicial (CGPJ) en julio, ha pedido al magistrado del TSJM Jesús Gavilán que le cite a declarar tras haberse negado en las tres ocasiones que ha sido citado hasta ahora.
Junto con su declaración, pide las testificales de los jueces de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y Javier Gómez Bermúdez, instructores del caso Bankia y de CAM, respectivamente, la de los secretarios judiciales de su Juzgado y del 36, cuyo titular le sustituye ahora mientras se tramita la recusación que planteó contra él el abogado de Blesa.
En la batería de testigos reclamados por Silva se encuentran también varios agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial que participaron en la investigación del "caso Blesa", dos peritos de KPMG que elaboraron un informe en el que se hacía referencia a las irregularidades de la concesión de un crédito de 26,6 millones a Gerardo Díaz Ferrán, así como la de dos directivos actuales de Bankia, el de sistemas informáticos y el de Recursos Humanos.
Por último, reclama la del secretario general de Manos Limpias Miguel Bernard, y la de dos de los abogados del sindicato que ejercieron de acusación en el caso.
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GRECIA DE Y PARA LOS GRIEGOS

17-02-2015

Filtran los borradores de trabajo originales que dejan en evidencia el documento final

Grecia considera “irracional e inaceptable” la propuesta del Eurogrupo



Grecia rechazó ayer un proyecto de acuerdo presentado por el jefe del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, en la reunión celebrada en Bruselas. La delegación griega hizo hincapié en que el texto “no era coherente con lo que se había discutido hasta el momento”, y consideró “ irracional e inaceptable la insistencia de 'ciertos círculos' en lo que respecta a la aplicación del Memorando de Entendimiento [acuerdo de préstamo]”. En estas circunstancias, Atenas consideró imposible llegar a ningún acuerdo por lo que la reunión fue interrumpida.

En declaraciones a la prensa el ministro de Finanzas griego, Yanis Varufakis, arremetió duramente contra la estratagema seguida por sus socios europeos, de un documento acordado con "[Pierre] Moscovici [Comisario Europeo de Asuntos Económicos] que reconocía la crisis humanitaria en Grecia, que estaría encantado de firmar [...] es sustituido de repente por otro que vuelve atrás, a los ultimátums y sin garantías”. “El Eurogrupo explicó que no tomáramos ninguna acción unilateral durante la negociación -señaló Varufakis-, pero nuestra única condición es que no nos vuelvan a solicitar medidas que agravan la recesión”. Igualmente consideró que la UE debería tener en cuenta que “la negativa de Grecia se debe a que el programa ha demostrado su fracaso y no se puede afrontar el futuro con medidas manifiestamente equivocadas”.

A última hora de la noche los borradores originales (de Moscovici) fueron filtrados y subidos a intenet (http://es.scribd.com/doc/255976709/Draft-4-Eurogroup-Statement-on-Greece). El primero de ellos tenía muy poco que ver el presentado por Dijsselbloem como definitivo, y rechazado por Atenas. Pero, además, existió una versión mejorada (https://twitter.com/nasoskook/status/567460966871609344/photo/1) que era aún más favorable hacia la posición griega. Este segundo borrador sustituía al primero [más infomación en inglés en: PaulMasonnews].

Pese a todo Varufakis mostró su confianza en que el sentido común llevará a retirar “el ultimátum en los próximos días y el espíritu colectivo se trasladará a un nuevo acuerdo. No tengo ninguna duda de que las negociaciones continuarán y que llegaremos a un acuerdo beneficioso para Grecia y positivo para Europa”.

El texto presentado en el último momento pedía a Grecia que solicitase una ampliación del actual memorando de préstamo durante seis meses hasta lograr un consenso sobre una nueva ayuda financiera. El Eurogrupo trataba con ello de retomar las negociaciones a partir del mismo punto donde lo dejó el gobierno anterior, de marcado perfil neoliberal y favorable a las medidas de austeridad. Y en todo caso buscar una solución posterior. También se indicaba que el Fondo Monetario Internacional (FMI) seguiría “desempeñando su papel” en ese nuevo acuerdo.

El gobierno griego había reiterado en todas las ocasiones que su mandato popular no le permitía seguir manteniendo por más tiempo unas medidas que han llevado al país al desastre humanitario y que mantienen en número rojos a la economía griega. En ese sentido Varufakis explicó que el ligerísmo repunte presentado al cierre de 2014, un crecimiento del 0,6%, es falso pues únicamente se debe a la existencia de una deflación de más de dos puntos, ya que en número reales el PIB griego volvió a caer un año más.

El Eurogrupo también presionó con una posible prórroga, condicionada al acuerdo, de los bonos del FEEF en la reserva del Fondo de Estabilidad Financiera del Estado Helénico (HFSF), utilizado para recapitalizar a la banca griega.

Atenas pide a sus socios un acuerdo “puente” que sustituya de manera temporal al actual programa, hasta que logre cerrar con sus acreedores un compromiso permanente de cara al verano. Además quiere que este acuerdo se financie a través del aumento de la subasta de Letras del Tesoro en 8.000 millones de euros -actualmente el límite es de 15.000 millones- y con los 1.900 millones que el Gobierno reclama al BCE, procedentes del rendimiento de los bonos griegos.

El Gobierno heleno también reclama sustituir parte de las reformas a las que se comprometió el anterior Ejecutivo por otras medidas como modernizar la administración para hacerla más eficiente o reforzar la lucha contra la evasión y el fraude fiscal.

La deuda griega está estimada en unos 317.000 millones de euros, el 185 % del Producto Interior Bruto (PIB).

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